La privacidad o intimidad permite a las personas disfrutar de sus libertades, desarrollar su personalidad y participar en la vida política, económica, social y cultural de su entorno. Por lo tanto, las decisiones que la menoscaban repercuten directamente en los ciudadanos.
Los países se encuentran cada vez más preocupados ante el hecho de que las nuevas tecnologías y concretamente internet amplifiquen la amenazas a las que se enfrentan y, como consecuencia, tienden a intensificar sus medidas de ciberseguridad. Un claro ejemplo son los Estados que han sufrido ataques terroristas.
A pesar de que los enfoques varían, el documento indica que ninguna de las piezas de legislación respeta las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por consiguiente, estas permiten que se infrinjan principios como la confidencialidad o la integridad, entre otros. En este sentido, el relator ha destacado la situación de los ciudadanos que han visto violada su intimidad y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla.
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