Ruralistas preocupados por la explotación de elevadores de granos en Necochea


Las sociedades rurales del Sudeste bonaerense se reunieron este miércoles en Necochea con el principal objetivo de visibilizar la preocupación de los productores de la región por la situación de precariedad de la concesión de los elevadores de Terminal Quequén.

La prórroga vence en noviembre, pero según los productores asociados a Carbap, ya en septiembre podrían comenzar los inconvenientes si no se resuelve la situación.

En un comunicado de prensa difundido ayer, la entidad señaló que la reunión realizada en la Sociedad Rural de Necochea permitió “tratar la situación apremiante de la explotación del  Puerto Quequén con su principal elevador, dado que en septiembre el principal elevador podría  no tomar nuevos compromisos si no hay decisiones que eviten conflictos”.

El comunicado: 

Con la presencia del flamante presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, los dirigentes de  las entidades zonales debatieron sobre los serios problemas que generaría oportunamente la  inactividad de Terminal Quequén o del avance del pliego que pretende imponer el gobernador Kicillof con una “reserva del 30 %” en el uso de la terminal, donde además se pone en garantía  al Consorcio -integrado por la cadena- sobre esa prioridad asignada.  

Si bien señalaron que puede haber problemas dentro de la cadena en la transparencia de  algunos precios, los costos del puerto a debatir y otros aspectos del mercado granario, los  dirigentes insistieron en que la participación de la provincia en el negocio sería – del modo que  se plantea- “un salvavidas de plomo” y la protección sugerida a los productores pequeños está  actualmente dada en la posibilidad de que todos exporten, como lo indica el servicio público del  elevador.  

En este sentido, la mejor conclusión a la que se arribó tras interiorizarse sobre el pliego oficial  enviado en estos días, es que debería prorrogarse nuevamente la actual concesión para evitar  la inactividad del elevador en plena cosecha fina, y debatir un pliego razonable y por consenso  en el Consorcio.  

Identificación Electrónica del Ganado  

Si bien hubo otros temas, el “chipeo” que se rumorea de imposición obligatoria en 2025 fue  parte del debate. Las Rurales le expresaron a Kovarsky que la visión regional no rechaza la  implementación del sistema, entendiendo las demandas del mercado en el mundo.  

Pero sostuvieron que debe contarse con toda la información de los objetivos, con la  participación de entes como el IPCVA, y que en primera etapa la colocación del “chip” en  ganadería no debería ser obligatorio, hasta tanto la cadena no se integre a su correcto uso y  aprovechamiento, para no repetir la situación que se da actualmente con las caravanas, que al  llegar al frigorífico terminan en una bolsa.  


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